La ley de stablecoins en EE.UU. no prohíbe la tecnología, prohíbe la competencia con la banca

Durante meses, el debate sobre las stablecoins en Estados Unidos se ha enmarcado como una discusión técnica sobre riesgos, estabilidad financiera y protección del consumidor. Sin embargo, los borradores legislativos más recientes revelan una realidad mucho más directa: el problema fundamental nunca fue la tecnología de las stablecoins, sino el interés que estas podrían generar.

La nueva redacción del proyecto de ley conocido como Digital Asset Market Clarity Act, que avanza en el Senado estadounidense, incluye una prohibición explícita que no deja lugar a dudas. El texto establece que un proveedor de servicios de criptoactivos no puede pagar ningún tipo de interés o rendimiento —ya sea en efectivo, tokens o cualquier otra forma— derivado únicamente de la tenencia pasiva de una stablecoin. No se trata de un matiz técnico, sino de una línea roja jurídica diseñada para proteger el status quo.

El contexto: el miedo a una fuga masiva de depósitos

Esta prohibición no surge en el vacío. Llega después de que figuras clave del sector financiero tradicional expresaran su preocupación. Brian Moynihan, consejero delegado de Bank of America (LinkedIn, X), reconoció públicamente que una cantidad masiva de capital podría abandonar el sistema bancario si las stablecoins pudieran ofrecer rendimiento.

Poco después, la Independent Community Bankers of America (ICBA) cuantificó el impacto potencial en la banca local: permitir intereses en stablecoins de pago podría reducir la capacidad de prestar en hasta 850.000 millones de dólares. El mensaje era unívoco: si el dinero puede rendir fuera del banco, los depósitos dejan de ser cautivos y el modelo de negocio se resiente. La legislación no hace sino traducir ese miedo en norma jurídica.

El objetivo real: evitar la competencia por el pasivo

El sistema bancario no teme a las stablecoins como medio de pago, ni a su respaldo en activos líquidos. Lo que realmente teme es que compitan directamente por el ahorro del ciudadano, es decir, por el pasivo bancario. Durante décadas, la banca ha operado sobre una anomalía estructural: los depósitos no se remuneran o se remuneran mínimamente, mientras el banco captura el rendimiento íntegro generado por esos fondos. Este equilibrio solo era posible por la ausencia de una alternativa sencilla, líquida y segura para el ahorrador medio.

Las stablecoins cambian este paradigma. Un dólar digital, custodiado directamente por el usuario y con acceso potencial a rendimientos vinculados a activos soberanos, convierte al banco en un intermediario opcional. No ideológicamente prescindible, sino económicamente prescindible. La prohibición del “passive yield” no busca proteger al consumidor; busca preservar ese equilibrio artificial.

Coinbase, Circle y el límite legal

La norma apunta de forma directa, aunque no exclusiva, a actores como Coinbase y Circle, que representan la intersección entre el sistema financiero tradicional y el ecosistema cripto. Permitir que estas plataformas remuneren la tenencia de stablecoins equivaldría a dejar que el ciudadano capture parte del rendimiento que hoy se queda íntegramente el banco.

El legislador lo entiende perfectamente. Por eso la prohibición se formula de manera quirúrgica: se prohíbe el interés solo cuando deriva de la mera tenencia pasiva. En cambio, se permiten recompensas ligadas a la actividad —pagos, transferencias, staking u otros usos—. El mensaje implícito es claro: puedes usar la tecnología, pero no puedes competir con el banco en su terreno más sagrado.

Regulación como defensa del modelo, no como neutralidad

Este episodio revela una verdad incómoda sobre la regulación financiera contemporánea. No siempre se legisla para corregir fallos de mercado o proteger a los ciudadanos. A veces, se legisla para defender modelos de negocio existentes frente a alternativas más eficientes. Cuando se afirma que permitir intereses en stablecoins “destruiría el crédito”, lo que realmente se está diciendo es que el sistema de crédito depende de la existencia de depósitos no remunerados. Es una confesión estructural. El sistema no colapsa por la tecnología, sino porque la tecnología elimina una distorsión previa.

No es una crisis bancaria, es una transición monetaria

Nada de esto se parece a una crisis financiera clásica. No hay pánico, ni quiebras, ni rescates. Se trata de una desintermediación silenciosa y voluntaria. El dinero no huye por miedo, sino por un cálculo racional en busca de rendimiento. Por eso la respuesta no es económica, sino jurídica. No se intenta competir ofreciendo mejores condiciones, sino prohibiendo que otros las ofrezcan. La batalla no se libra en el mercado, sino en el texto de la ley.

Conclusión: El poder sobre la innovación

Estados Unidos no ha intentado prohibir las stablecoins. Ha hecho algo más sofisticado: ha intentado impedir que sean demasiado buenas. Al prohibir el interés pasivo, el legislador reconoce implícitamente que el problema no es el riesgo, sino la competencia. Cuando un sistema necesita prohibir que el dinero del ciudadano rinda fuera de él para sobrevivir, la cuestión deja de ser tecnológica y se convierte en política y jurídica. Las stablecoins no están desestabilizando el sistema financiero; están revelando sus dependencias ocultas. Y cuando la ley se usa para impedir que una alternativa objetivamente mejor compita, el debate ya no es sobre innovación. Es sobre poder.