La reciente retirada de apoyo de Coinbase a la denominada Clarity Act marca un punto de inflexión en el debate regulatorio sobre los criptoactivos en Estados Unidos. Lo que inicialmente se presentó como un intento de aportar seguridad jurídica al ecosistema digital ha derivado, tras su reescritura en el Senado, en una norma percibida por la propia industria como un instrumento de reafirmación del poder regulatorio tradicional. El episodio revela una tensión más profunda: no se trata solo de regulación financiera, sino de un conflicto estructural entre el derecho estatal y las infraestructuras económicas nativas de Internet.
El origen de la Clarity Act: claridad frente a enforcement
La Clarity Act, enmarcada en los debates sobre la estructura del mercado de activos digitales, nació con un objetivo aparentemente consensual: definir cuándo un criptoactivo debía ser considerado un valor financiero (security) y cuándo una mercancía (commodity), delimitando así las competencias entre la SEC y la CFTC. En su planteamiento original, la iniciativa buscaba romper con la práctica dominante en Estados Unidos: la regulación por vía de sanciones y litigios ex post, especialmente impulsada por la Securities and Exchange Commission (SEC).
Actores Regulatorios Clave
- SEC (Securities and Exchange Commission): Agencia federal de EE. UU. responsable de regular los mercados de valores. Su objetivo es proteger a los inversores y mantener la integridad de los mercados. Tradicionalmente, ha adoptado una postura estricta, considerando muchos criptoactivos como valores no registrados. Web Oficial.
- CFTC (Commodity Futures Trading Commission): Agencia que regula los mercados de derivados y materias primas en EE. UU. Generalmente, ha clasificado criptomonedas como Bitcoin y Ether como commodities, cayendo bajo su jurisdicción. Web Oficial.
La Clarity Act buscaba precisamente establecer una línea divisoria clara entre las competencias de ambas agencias para evitar la ambigüedad actual.
Para el sector, esta primera versión suponía un avance relevante. Introducía criterios funcionales, atendía al grado de descentralización de las redes y reconocía que un token podía evolucionar jurídicamente con el tiempo. En otras palabras, trataba de adaptar el derecho a la realidad técnica, y no al revés.
Por qué Coinbase apoyó inicialmente la propuesta
Coinbase, como principal plataforma cotizada del sector en EE. UU., respaldó la Clarity Act porque veía en ella una oportunidad para estabilizar el entorno normativo. La claridad regulatoria no era solo una demanda empresarial, sino una condición de posibilidad para que Estados Unidos siguiera siendo una jurisdicción atractiva para la innovación financiera digital.
Perfil: Coinbase
Coinbase Global, Inc. es el mayor exchange de criptomonedas de Estados Unidos por volumen de operaciones. Fundada en 2012 por Brian Armstrong y Fred Ehrsam, la compañía se ha posicionado como una puerta de entrada fundamental al ecosistema cripto para inversores minoristas e institucionales. Opera de forma remota, aunque su sede original se encontraba en San Francisco, California. Su misión es crear un sistema financiero abierto para el mundo, facilitando la compra, venta, transferencia y almacenamiento de activos digitales de forma segura. Salió a bolsa en el NASDAQ en abril de 2021, un hito para la industria.
- Inversores Clave: Andreessen Horowitz (a16z), Union Square Ventures, Ribbit Capital, Tiger Global Management.
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Desde una perspectiva jurídica, el apoyo de Coinbase reflejaba una apuesta por un modelo de derecho ex ante, con reglas previsibles y límites claros al poder discrecional del regulador. Ese apoyo, sin embargo, estaba condicionado al equilibrio original del texto.
La reescritura del Senado: del equilibrio a la ambigüedad
Ese equilibrio se rompe con la reescritura impulsada en el Senado. Las modificaciones introducidas alteran sustancialmente la lógica inicial de la Clarity Act. Lejos de cerrar el debate competencial, refuerzan el papel de la SEC, diluyen los criterios objetivos de descentralización y reintroducen una ambigüedad interpretativa que deja a muchos proyectos cripto en una situación de riesgo permanente.
Punto de Inflexión
La nueva versión permite que activos y protocolos descentralizados sigan siendo potencialmente reclasificados como valores financieros, incluso sin un emisor identificable, convirtiendo la claridad prometida en una apariencia normativa.
Cronología del Conflicto
| Fase 1 | Propuesta inicial de la Clarity Act, buscando definir competencias entre SEC y CFTC y ofrecer seguridad jurídica. |
| Fase 2 | Coinbase y otros actores de la industria anuncian su apoyo público, valorando el enfoque pro-innovación y la predictibilidad. |
| Fase 3 | El proyecto de ley es reescrito en el Senado, introduciendo enmiendas que refuerzan el poder de la SEC y diluyen los criterios de descentralización. |
| Fase 4 | Coinbase retira oficialmente su apoyo, argumentando que la ley modificada perpetúa la inseguridad jurídica que pretendía resolver. |
La retirada de Coinbase: una señal jurídica
La decisión de Coinbase de retirar su apoyo no es un gesto retórico ni una maniobra política coyuntural. Es una señal jurídica clara de que la norma, tal y como está redactada ahora, ya no cumple su función esencial: proporcionar seguridad jurídica. Desde la óptica empresarial, la inseguridad regulatoria es un coste; desde la óptica constitucional, es un problema de legitimidad del poder normativo. Coinbase advierte implícitamente de que la Clarity Act reformulada perpetúa el modelo de enforcement discrecional. La innovación queda subordinada a la interpretación posterior del regulador, lo que equivale, en términos económicos, a exigir una autorización implícita para innovar.
Más allá de la regulación: una cuestión de soberanía
Este conflicto no puede entenderse solo como un desacuerdo técnico. Es una disputa sobre soberanía. Los criptoactivos, y especialmente las redes abiertas, no son meros productos financieros; son infraestructuras normativas que operan de forma transnacional. Intentar encajarlas forzosamente en categorías jurídicas diseñadas para intermediarios centralizados implica ignorar su naturaleza. La Clarity Act reescrita no reconoce esta realidad. En lugar de dialogar con la arquitectura de Internet, reafirma la primacía del derecho estatal territorial. El resultado es una norma que no integra las redes descentralizadas en el orden jurídico, sino que intenta someterlas sin modificar sus propias categorías.
Consecuencias previsibles
Si esta versión de la Clarity Act prospera, las consecuencias son previsibles: aumento del litigio, salida de empresas cripto hacia otras jurisdicciones, mayor concentración del mercado en grandes actores capaces de absorber costes regulatorios y un refuerzo indirecto de modelos más administrativos, como el europeo. Paradójicamente, cuanto más se intensifica el control regulatorio, mayor atractivo adquieren los sistemas que no pueden ser controlados por diseño.
Conclusión
La retirada de Coinbase del apoyo a la Clarity Act es una advertencia que va más allá del sector cripto. Muestra los límites del derecho estatal cuando pretende regular infraestructuras globales sin adaptar sus categorías. La cuestión de fondo no es si habrá regulación, sino qué tipo de regulación es compatible con la economía de Internet. En este contexto, la verdadera claridad jurídica no vendrá solo de nuevas leyes, sino de reconocer que el poder normativo también puede estar incorporado en la propia arquitectura de los sistemas digitales.
