El debate global sobre las Monedas Digitales de Banco Central (CBDC) ha estado dominado por una perspectiva vertical: cómo los Estados pueden modernizar el dinero, combatir el fraude o mejorar la eficiencia de los pagos. Sin embargo, rara vez se formula la pregunta clave: ¿quién debe ser el primer sujeto de control y trazabilidad total del dinero digital? Si el objetivo es la transparencia, la respuesta es evidente: los políticos y la gestión del dinero público, no los ciudadanos.
¿Qué es una CBDC?
Una Moneda Digital de Banco Central (CBDC, por sus siglas en inglés) es una forma de dinero digital emitida y respaldada directamente por el banco central de un país. A diferencia de las criptomonedas descentralizadas como Bitcoin, una CBDC es una representación digital de la moneda fiduciaria de un país (como el euro o el dólar) y, por tanto, está centralizada y controlada por la autoridad monetaria.
En los últimos años, los gobiernos han defendido las CBDC como una herramienta para reducir la economía sumergida, luchar contra el blanqueo de capitales o facilitar transferencias más rápidas. Pero estas justificaciones generan una inquietud legítima: ¿por qué el ciudadano debe aceptar una supervisión financiera absoluta mientras el uso del dinero público sigue siendo, en muchos casos, opaco, fragmentado y difícil de auditar en tiempo real? Si la CBDC va a existir, su primer uso debería ser obligatorio para todo gasto público.
El problema real: la opacidad del dinero público
La narrativa oficial sugiere que el problema reside en cómo los ciudadanos gastan, ahorran o transfieren su dinero. Sin embargo, los mayores escándalos económicos de las últimas décadas no han nacido del pequeño comercio o del ciudadano medio, sino de contrataciones públicas opacas, sobrecostes, subvenciones mal asignadas y redes clientelares.
El dinero público pertenece a todos, pero su trazabilidad real es extremadamente limitada debido a factores como:
- Presupuestos complejos y difíciles de interpretar.
- Partidas genéricas que no ofrecen un desglose efectivo.
- Retrasos sistemáticos en la rendición de cuentas.
- Auditorías que se realizan ex post, cuando el daño ya está hecho.
Una CBDC aplicada al gasto público permitiría un cambio de paradigma radical, introduciendo una transparencia estructural y en tiempo real.
Nivel de Transparencia del Gasto Público
Un sistema de control institucional inverso
Si los sueldos de cargos públicos, subvenciones, contratos y ayudas se gestionaran exclusivamente mediante una CBDC programable, los ciudadanos podrían auditar el poder de forma directa. Sería posible saber en todo momento:
- En qué se gasta cada euro público.
- Quién es el receptor final del dinero.
- Bajo qué concepto exacto se realiza el pago.
- En qué plazo se ejecuta la transacción.
- Si el gasto cumple con las condiciones y normativas previstas.
No se trata de invadir la privacidad personal, sino de auditar el poder. El político no maneja dinero propio cuando gestiona presupuestos, sino que administra recursos colectivos. En este contexto, la CBDC dejaría de ser una herramienta de control social para convertirse en una herramienta de control institucional inverso: el ciudadano vigilando al poder.
Programabilidad: reglas claras para reducir la corrupción
Una de las características más potentes de una CBDC es la programabilidad, que permitiría introducir reglas automáticas en el flujo del dinero público. Esto se traduciría en:
- Fondos finalistas: Asignaciones que solo pueden usarse para un propósito concreto.
- Pagos condicionales: Desembolsos bloqueados hasta que no se cumplan hitos contractuales.
- Recuperación automática: Devolución instantánea de partidas presupuestarias no ejecutadas.
- Prevención de desvíos: Imposibilidad técnica de desviar fondos a usos no autorizados.
La corrupción, en muchos casos, no requiere grandes delitos, sino flexibilidad discrecional. La programabilidad reduce drásticamente esa zona gris. No elimina el delito por completo, pero lo encarece, lo expone y lo hace infinitamente más difícil. Curiosamente, este mismo argumento se presenta como una amenaza cuando se aplica a los ciudadanos. ¿No debería ser un estándar mínimo para quienes gestionan miles de millones de euros ajenos?
Privacidad ciudadana vs. responsabilidad pública
Uno de los grandes riesgos de las CBDC es que se conviertan en una herramienta de vigilancia masiva, permitiendo el seguimiento de hábitos de consumo, el bloqueo de fondos o el condicionamiento del gasto privado. Por eso, el enfoque debe ser el inverso al que se plantea actualmente.
El Principio de Asimetría Democrática
Máxima privacidad para el ciudadano. Máxima trazabilidad para el poder.
El ciudadano tiene derecho a la intimidad financiera. El político tiene la obligación de rendir cuentas. Confundir ambos planos es un error conceptual y una amenaza para la democracia.
Una prueba de coherencia democrática
Si los gobiernos creen sinceramente en las ventajas de la CBDC, deberían demostrarlo aplicándola primero a sí mismos. Convertir el gasto público en un libro contable digital, accesible y auditable, sería una señal inequívoca de coherencia y compromiso con la transparencia. Si, por el contrario, la CBDC se diseña solo para controlar al ciudadano mientras el poder mantiene sus zonas de sombra, el mensaje es claro: no se trata de eficiencia, sino de control.
La tecnología no es buena ni mala por sí misma; todo depende de a quién empodera. Una CBDC puede reforzar la confianza institucional o erosionarla definitivamente. Aplicada al gasto público, podría marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción y el despilfarro. Aplicada indiscriminadamente al ciudadano, corre el riesgo de convertirse en una infraestructura de vigilancia permanente.
Antes de preguntar si estamos preparados para una CBDC como ciudadanos, la pregunta fundamental es otra: ¿están los políticos preparados para gastar nuestro dinero bajo supervisión total? Si la respuesta es no, entonces el problema nunca fue la tecnología, sino el poder.
